La crisis de carácter político, social y económico que se recrudeció en Haití a partir de las protestas desencadenadas el 17 de febrero de 2019, para forzar la renuncia del ahora difunto expresidente Jovenel Moise, se forma de una mezcla de sucesos que aún siguen inalterables.
Mientras, de este lado oriental de la isla, un receptor de cuantos fenómenos ocurran en Haití, las autoridades pareciesen haber calculado en frío las medidas adecuadas del momento para evitar trastornos en la convivencia social interna.
Específicamente, el gobierno fortificó la frontera con equipos y fuerza militar agregada, mientras con otra mano impulsaba operativos intensos de repatriación de indocumentados.
A la par con esto, mantenía su gesto de solidaridad, con su gestión de búsqueda de ayuda externa a su vecino.
Retornando a los tiempos de Moise, para el período del reventón interno en Haití, las fuerzas de oposición, bajo el liderato del izquierdista Jean-Charles Moïse, líder del partido Petit Dessalines, descifraron el descontento y movilizaron a las masas saturadas de penurias sedientas de cambios.
El propósito estaba definido: crear un gobierno de transición, aplicar planes sociales y llevar a la justicia a funcionarios implicados en corrupción. Esta situación fue alimentada por la crisis social en que estaba atrapado Haití.
Seis cambios de primer ministro se produjeron durante ese tiempo y la Asamblea Nacional no pudo llevar a cabo sus elecciones.
Todos los ojos en la región, particularmente de Republica Dominicana, estaban sobre Haití.
El día del magnicidio
Lo que faltaba para el estallido de nuevas crisis llegó de madrugada cuando se produjo el magnicidio del presidente Moise, el miércoles 7 de julio de 2021, en un ataque armado a su residencia privada por un comando integrado, en su mayoría, por colombianos.
Tras el asesinato del mandatario, la situación migratoria tomó más ímpetu. Los desastres naturales y los conflictos humanos, problemas políticos y crisis económica, se han combinado a favor del éxodo, siendo su destino más próximo la Republica Dominicana.
Entonces, mientras Haití se hundía rápidamente en el caos por la crisis y su gente buscaba desesperadamente formas para escapar de sus desgracias, el país respondió con medidas de control de la frontera y una mayor presencia militar.
Presión externa rechazada
Preocupaba también que el Gobierno de Estados Unidos tanteara al dominicano en la posibilidad de abrir aquí campos de refugiados haitianos, como parte de los preparativos ante una eventual intervención militar bajo discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ante esto, la respuesta del país fue “negativa y tajante”, una posibilidad que no sería siquiera contemplada.
Pero las cosas no pararon ahí. El 12 de noviembre pasado, la portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Olga Sarrado, pidió la suspensión temporal de los retornos “forzados” de haitianos.
La víspera, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a República Dominicana detener esas deportaciones, a lo que el presidente Abidaner respondió que estas no solo continuarían, sino que “las vamos a incrementar”.
Simultáneamente a la protección del territorio, el gobierno mantuvo firme sus reclamos para que la comunidad internacional otorgue ayuda inmediata a los haitianos.
El gobierno ha dicho que “se debe actuar ahora”, mientras el ministro de exteriores, Roberto Álvarez, advertía, en una exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, había que evitar que la situación de Haití se “desborde por completo”.
Haití empezó a dibujar lo peor de su destino cuando una familia de bandas armadas, bajo el mando de Jimmy Sherizier, alias “Barbecue”, ya casi con medio país bajo su control, ocupó la terminal de combustibles Varriux, generando una enorme carestía de combustibles, y de otro lado la gente tirada a las calles pediendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
Viéndose atado de manos con el caso de las pandillas y casi todo el país paralizado, Henry consiguió autorización para pedir la presencia de una fuerza militar extranjera para imponer el orden.
Pendiente aún de que esto se produzca, el gobierno haitiano se ha visto sometido a la presión de sectores políticos opuestos a la presencia de fuerzas internacionales en su país.
Buscando intervención
Estados Unidos sometió una resolución ante Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para enviar tropas internacionales a Haití, pero, hasta ahora, el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para dar respuesta a la crisis humanitaria no ha sido posible.
En cambio, el Consejo aprobó, por unanimidad, la imposición de sanciones a grupos armados que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación.
A pesar de que no hay una intervención internacional aprobada en Haití, la administración de Joe Biden envió al país al USCGC ‘Northland’ (WMEC 904), una importante embarcación de la Guardia Costera estadounidense, con la intención de “patrullar” las aguas en las inmediaciones de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
También, junto con Canadá, se impusieron sanciones, no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios.
Ambos países han enviado vehículos blindados, mientras que la ONU está considerando la posibilidad de intervenir militarmente en el terreno para restablecer el orden.
Las repatriaciones
Sin embargo, mientras la comunidad internacional sigue sin resolver el problema haitiano, Republica Dominicana optó por aplicar con mayor rígidez los mandatos de su política migratoria, emprendiendo una jornada intensa de repatriaciones de ilegales.
Pero esta decisión soberana del país no fue vista con buenos ojos por Estados Unidos, ni por grupos defensores haitianos locales e internacionales, secundados por políticos y grupos en Haití que, en tiempo casi coordenado, desataron una campaña de denuncias por presunto “trato inhumano” y violación de derechos humanos a los indocumentados.
Un comunicado de la embajada de Estados Unidos denunciaba un “trato desigual” constante hacia personas con su ciudadanía debido al color de su piel por parte de autoridades migratorias dominicanas.
A esto, el país respondió con tono “más enérgico” , calificó el documento estadounidense de “infundado, extemporáneo e infeliz”, y pidió a Estados Unidos considerar su retiro de los términos “sin verificar” de este “ambiguo comunicado”, a la mayor brevedad posible.
Hasta noviembre de este año, las autoridades informaron haber repatriado, y no admitido, a 108, 436 haitianos. De los devueltos a su país suman más de 60 mil en los últimos tres meses.
El proyecto del muro
República Dominicana inició la construcción de un muro de 164 kilómetros en la frontera con Haití, para lo que convocó a siete empresas a presentar propuestas y continuar con la segunda fase del proyecto, que busca “controlar” la migración ilegal.
La primera etapa del muro, en la que se debían construir 54 kilómetros, “ya está avanzada” según el último reporte oficial, y se prevé que culmine en febrero de 2023, dijo el Ministerio de Defensa (MIDE), encargado de la obra, en un comunicado.
Ahora se abrió la convocatoria a siete empresas “nacionales e internacionales” para construir la segunda fase.
El negocio de las visas
La lucha del gobierno frente a la migración ilegal se ha encontrado con los problemas creados por un ‘negocio paralelo de emisión de visas” a favor de haitianos.
Con esto, la política reguladora de la migración encuentra un obstáculo interno. Por un lado expulsa a inducumentados y, por otro, surge un negocio que facilita y multiplica sus entradas.
Un reportaje de investigación de Listín Diario destapó este negocio.
Primero, los cinco consulados dominicanos en Haití, Anse-a-Pitre, Belladere, Cabo Haitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe, y la Embajada en la capital haitiana, están cerrados desde el pasado 15 de septiembre, una medida tomada por la Cancillería dominicana debido al incremento de la violencia y la crisis en el vecino país.
Por ahí empieza a caminar el negocio.
Es un “mercado negro y paralelo” en la emisión de visas, segun admite, desde la sala de su casa, en la caótica Puerto Príncipe, el excanciller haitiano Claude Joseph.
Algunos, como Wildréne, son estafados por las agencias de viaje y agentes que ofrecen estos trámites en un mes.
Sin embargo, de acuerdo con la Cancillería dominicana, las solicitudes de visas deben ser personales, directamente en el Consulado o la Embajada. De no ser así, se convierte en un acto irregular, según establece la Ley 875 sobre Visados.
“La estructura de este mercado negro es que ya la población no tiene acceso directo al consulado, es decir, si viene al consulado con sus documentos y su dinero, no tienen acceso, dicen que no hay visas”, explica Joseph, en una entrevista en septiembre para esta investigación de Listín Diario y Connectas.
Entonces, agrega, “te fuerzan a pasar por unas agencias que trabajan con el consulado y es a través de esa agencia que tienes que pasar y ellos ponen el precio que quieran”, agrega.
Entre los años 2020 y 2021, la emisión de visas dominicanas en Haití aumentó a un 41%.
Aunque no se puede comprobar que el aumento se deba solo a las agencias, sí constituye un reflejo de la desesperación de los haitianos por escapar de su pais, donde solo este último año fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse, tuvieron un catastrófico terremoto y 767 personas murieron por covid-19, además del impacto de otras enfermedades.
GUILLERMO PEREZ
